Cuba
Uso de símbolos patrios, un castigo selectivo del régimen cubano
Amnistía Internacional advirtió en diciembre de 2022 que con la entrada en vigor del nuevo Código Penal de Cuba a la población le esperaba “un panorama aterrador para 2023 y años posteriores”. Los hechos recientes parecen hacer coincidir tal vaticinio con la realidad.
Hasta el cierre del mes de julio del presente año había en Cuba 1.047 personas detenidas o enjuiciadas ya por motivaciones políticas. Prisoners Defenders, una relatoría con sede en España que recoge regularmente los encarcelamientos e incidentes con los derechos humanos en la isla, informó que otras 24 personas se sumaron en el último mes a ese listado.
El gobierno cubano no reconoce como presos políticos a disidentes u opositores a su sistema; es común que les tilde de “contrarrevolucionarios”, “agentes al servicio de una potencia extranjera” o los acuse de atentar contra la seguridad del Estado.
“Ultraje a los símbolos nacionales”
El 18 de agosto pasado la Fiscalía en Camagüey –una provincia al centro de Cuba y a algo más de 500 kilómetros de La Habana- solicitó cuatro años de cárcel para Aniette González García por el acto de fotografiarse en su propia casa envuelta en la bandera cubana y publicar las imágenes en su cuenta de Facebook.
¿Su delito? supuestamente violar el Artículo 269, Capítulo III del Código Penal, que refiere al “ultraje a los símbolos nacionales”.
Al día siguiente, el 23 de marzo, Aniette González fue detenida y recluida en la prisión de mujeres Kilo 5, de Camagüey, donde espera una fecha para un probable juicio.
En cuestión, el acápite penal expresa: “Quien mancille o, con otros actos, muestre desprecio a la Bandera de la estrella solitaria, al Himno de Bayamo o al Escudo de la Palma Real, incurre en sanción de privación de libertad de dos a cinco años o multa de quinientas a mil cuotas, o ambas”.
Aniette Ginestá, niega que su madre haya cometido delito alguno.
“No por nuestra manera de pensar ni porque sea mi mamá, sino por las propias leyes. Es que no hay delito, ella no tiene delito, según las leyes, no según nosotros, no según nuestra manera de pensar; o sea que ahora mismo ella está privada de su libertad (de forma) totalmente ilegal”, dijo en conversación telefónica con la Voz de América.
La noticia de la petición fiscal contra González apareció inicialmente en el medio independiente La Hora de Cuba. Su director, Henry Constantín Ferreiro, añadió al final de la breve nota: “Sin embargo, el régimen usa la bandera como prenda de vestir en disímiles actos políticos y artísticos organizados por el oficialismo, sin que los involucrados sufran ningún tipo de llamado de atención o acoso por parte de las autoridades”.
Caso Otero Alcántara
En 2019, de julio a agosto, Luis Manuel Otero, figura principal del entonces vibrante Movimiento San Isidro, creó el gesto artístico titulado Le drapó. La acción consistió en llevar la bandera cubana sobre sus hombros de manera ininterrumpida, fuera de día o de noche y las publicó en Facebook, al igual que Aniette González.
Desde la sociedad civil independiente, el Movimiento San Isidro aglutinó a intelectuales de diversas manifestaciones y activistas de derechos humanos, y en su sede –la vivienda de Otero Alcántara- se organizaron conferencias y exposiciones de artes plásticas, conciertos de música, recitales de poesía, entre otros. En el último año, varios de sus integrantes salieron al exilio en España y Estados Unidos, principalmente.
Otero Alcántara fue detenido en marzo de 2020 durante 13 días en la Prisión Valle Grande, pero la presión de organizaciones, activistas e intelectuales dentro y fuera de Cuba dio con su liberación, según recogió entonces Amnistía Internacional.
Para Otero siguieron otras detenciones y sitios de las autoridades a su casa en el barrio San Isidro en La Habana, hasta que el 11 de julio de 2021 en medio de las protestas que se expandieron a casi todo el país, transmitió en su cuenta de Facebook que se uniría a las manifestaciones. No llegó a hacerlo, fue detenido.
Desde entonces está recluido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, a poco menos de 50 kilómetros de La Habana. El 22 de junio de 2022 se hizo firme su sentencia de 5 años de cárcel por además del supuesto ultraje a la bandera, cometer desórdenes públicos y desacato.
En septiembre de 2021 la revista Time lo incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo.
Amnistía Internacional, que ha seguido el caso del artista, dijo en un correo electrónico a la VOA que “ve con alarmante preocupación cómo el derecho penal en Cuba se sigue usando como arma para restringir la libertad de expresión y callar las voces disidentes, como la penalización de lo que el Gobierno percibe como un "ultraje a los símbolos nacionales".
Limitante a la libertad de expresión
La Constitución de Cuba, sin embargo, recoge el derecho a la libre expresión. En su Artículo 54, expresa: “El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. La objeción de conciencia no puede invocarse con el propósito de evadir el cumplimiento de la ley o impedir a otro su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos”.
La abogada cubana Laritza Diversent vive exiliada en el estado de Maryland, EEUU, desde 2017. Desde entonces ha proseguido como directora del Centro CubaLex, una consultoría legal para asuntos cubanos.
Al abordar el caso de Aniette González, Diversent apunta en conversación con la VOA que aunque esta tenía un perfil más bajo que Alcántara “nos va demostrando que en el tema de la utilización de los símbolos patrios es una prueba fehaciente de que el Estado insiste en reprimir y restringir la libertad de expresión”.
Además, indica, “es una forma de limitar la libertad de creación artística, utilizan las normas legales con interpretaciones restrictivas de los símbolos nacionales para impedir que dentro de Cuba otros individuos usen los símbolos que para ellos representan al poder, como una crítica al sistema”.
Aun así, la Constitución contempla el derecho a la libertad de prensa en su Artículo 55: “Este derecho se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad”, pero acota que los medios comunicación “son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas; y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad”.
Constantín Ferreiro, quien además de periodista independiente dentro de Cuba fungió por un período como vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), no ve un panorama alentador para la libertad de expresión en la isla.
“Las leyes nuevas solo, digamos, ajustan, actualizan y aprovechan o se enfocan en los actos de protesta más comunes de estos tiempos para reprimirlos. No hay ningún cambio mayúsculo, en ningún concepto”, explica.
Incluso con las críticas por la manera en que enfrenta a las voces disidentes en la isla, el gobierno cubano ha publicado los textos, tanto de la Constitución como del Código Penal, ahora disponibles en formato electrónico.
Al ser cuestionada sobre el estado legal de la acción performática del pasado mes de marzo por su mamá, Aniette Ginestá dijo que “Las fotos fueron hechas de manera artística, no incitando al pueblo a hacer nada malo, las fotos no tenían frases ofensivas contra la bandera”, y apelando al Artículo 54 de la Constitución, dijo que la mujer está libre de culpas. “Ella no tiene delito ahí”, asevera.
Amnistía Internacional insiste en que estos procesos judiciales y las “detenciones arbitrarias” impactan tanto en la capacidad de trabajar y el derecho a la privacidad de las personas que exigen pacíficamente los derechos humanos.
“La comunidad internacional debe condenar enérgicamente estas medidas represivas y llamar al gobierno cubano a respetar los derechos de la población”, concluyó Jiménez a nombre de la organización internacional.
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Casi 18 mil cubanos llegaron a la frontera de EEUU en abril
En abril, un total de 17.870 inmigrantes cubanos fueron registrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés).
Se trata del mes con el menor número de llegadas en lo que va de año fiscal 2024, en el que se certificó el arribo de 144.378 cubanos.
En abril de 2024, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos registró 128.900 encuentros entre puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste, la cifra representa un 6% menos que los registros de marzo de 2024 y un 30% menos que los de abril de 2023.
“Como resultado de una mayor vigilancia, los encuentros en la frontera suroeste no han ido en aumento, revirtiendo tendencias previas. Seguiremos monitoreando los patrones migratorios, los cuales cambian de manera constante”, dijo Troy Miller, comisionado en funciones de la CBP.
En abril, las autoridades estadounidenses permitieron el ingreso de 41.400 personas en los cruces fronterizos con México por medio de la aplicación de citas en línea CBP One, con lo cual la cifra total de ingresos ascendió a más de 591.000 desde que se introdujo este sistema en enero de 2023.
En el caso del parole humanitario, se han beneficiado 91.000 cubanos.
Este mes la Administración Biden anunció nuevas restricciones a la política de asilo, otorgando más poder a los agentes federales de inmigración para conceder o no las peticiones y acelerar las deportaciones.
"Esta regla permitiría expulsar más rápidamente a aquellos que están sujetos a las prohibiciones y representan un riesgo para nuestra seguridad nacional o pública", dijeron las autoridades estadounidenses.
La ley federal "prohíbe el asilo y la suspensión de la expulsión a personas que representan un riesgo para la seguridad nacional o pública, específicamente aquellos que han sido condenados por un delito particularmente grave, participaron en la persecución de otros, son inadmisibles por motivos de seguridad nacional o relacionados con el terrorismo, o para quienes existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de los Estados Unidos".
Anteriormente, la determinación de elegibilidad para el asilo se daba en una etapa posterior del proceso: en la etapa de adjudicación de méritos de las solicitudes de asilo y de retención de expulsión, pero en lo adelante, los funcionarios de asilo esto ocurrirá pocos días después de que se encuentra a una persona.
"La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí", dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
A uno le negaron el Parole pero otra alta dirigente entró por CBPOne por “miedo al socialismo” (VIDEO)
Mientras a Liván Fuentes Álvarez, ex presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud le negaban el parole humanitario para entrar a Estados Unidos, su antecesora en el cargo, Arelys Casañola Quintana, se instalaba en Kentucky tras pedir asilo el 20 de abril de 2024 en la frontera sur, mediante la aplicación CBPOne en la que alegó “miedo al socialismo”, según conoció Martí Noticias.
Casañola Quintana fue presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud entre 2012 y 2018 y diputada al parlamento cubano. Antes, fue dirigente de la Federación oficialista de Mujeres Cubanas, jefa en la Unión de Jóvenes Comunistas y otras empresas estatales, e incluso llegó a graduarse en la Escuela Superior del Partido Ñico López con especialidad en Defensa Nacional.
Un reporte de la prensa local en 2018 da cuenta de su “liberación por petición propia” de sus cargos, debido a que permanecería “por un largo período de tiempo en el exterior, que la imposibilita cumplir las tareas asignadas”.
"Numerosos reconocimientos de organismos y organizaciones recibió, entre ellos la réplica del buque Pinero, atributo de mayor rango que otorga la Asamblea Municipal del Poder Popular", reseñó entonces el Periódico Victoria.
La ex dirigente no quiere hablar de su pasado comunista
Casañola Quintana, de 56 años, viajó a México con su hijo Fidel Alejandro Espinosa Casañola y durante meses esperaron su cita de CBPOne, la única vía legal para pedir asilo en la frontera estadounidense. Medios independientes habían reportado su presencia en México, pero aún así logró obtener su cita y entrar a Estados Unidos alegando “miedo al socialismo”, dijeron fuentes cercanas a la exfuncionaria, que fueron consultadas por Martí Noticias.
Mediante las citas programadas en CBPOne han entrado a Estados Unidos más de 500,000 inmigrantes, quienes alegan miedo a regresar a sus países por persecución y en teoría deben pelear un asilo en cortes norteamericanas.
Madre e hijo eliminaron sus perfiles de Facebook tras ser contactados por Martí Noticias para esta historia.
Un perfil a nombre de Casañola Quintana en la red social X fue muy activo en compartir propaganda favorable al régimen cubano hasta mayo de 2023.
Martí Noticias conversó telefónicamente con un familiar de Casañola Quintana, quien confirmó que ella entró a Estados Unidos por CBPOne y que no quiere hablar con la prensa sobre su pasado comunista.
Recientemente Martí Noticias reveló en exclusiva cómo le fue negada la entrada a Estados Unidos a Liván Fuentes Álvarez, quien trabajó mano a mano con Casañola Quintana, primero como vicepresidente de la Asamblea Municipal en Isla de Pinos y luego la sustituyó cuando ella decidió irse al extranjero.
Reacciones ante su llegada a Estados Unidos
“Ella iba por los pueblos pidiéndole a la gente que confiara en la revolución y el socialismo. Pedía mano dura contra las ilegalidades. Hablaba maravillas de Fidel, de Raúl y de Díaz-Canel y mira dónde está ahora. Todo el mundo está indignado en la Isla ¿Cómo pueden dejar entrar a Estados Unidos alguien así?”, dijo María Antonia Guerra desde la Isla de la Juventud.
El activista Ramón Salazar, reprimido por manifestarse el 11 de julio de 2021, dijo a Martí Noticias que es una “vergüenza” que se le permitiera la entrada a EEUU a alguien “con esas credenciales”.
“Queremos ponerle asunto a las autoridades migratorias de Estados Unidos para hacerle llegar que esta señora, en el tiempo que estuvo como presidenta del Poder Popular, ordenó y participó en actos de repudio en contra de opositores y también es miembro del Partido Comunista de Cuba”, dijo.
“Pedimos que se analice su caso y sea devuelta a territorio cubano. Disfrutó de los beneficios de la dictadura y ahora también quiere hacerlo con Estados Unidos de Norteamérica”, insistió Salazar, quien preside el opositor Partido Autónomo Pinero.
¿Quién tiene derecho a pedir asilo?
Según el derecho estadounidense e internacional, cualquiera que llegue a Estados Unidos puede solicitar asilo, dijo el abogado Ángel Leal.
“Las leyes actuales permiten que cuando cientos de miles de personas cruzan la frontera estadounidense puedan buscar esa protección. Es la sección 208 del Código de Inmigración”, dijo Leal.
Para ganar un caso de asilo, el inmigrante debe demostrar persecución o temor a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.
De acuerdo con fuentes cercanas a Casañola Quintana, las autoridades le entregaron un Formulario I-94, considerado un Registro de Entrada al país.
El Departamento de Seguridad Nacional expide este documento a los extranjeros que son admitidos, a los que están en proceso de ajusta su estatus en EEUU o a quienes extienden su estadía.
Con el Formulario I-94 podrá obtener un Parole que le permitirá acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, al año y un día de llegar a EEUU y hacer su camino a la residencia permanente.
“Su residencia y ajuste de estatus dependerá de si es admisible o no y hay un sinnúmero de motivos por la que la podrían descalificar, por ejemplo delitos contra la moral, fraudes migratorios o la pertenencia a un partido totalitario. En el caso de Cuba tanto la pertenencia a la Unión de Jóvenes Comunistas como el Partido Comunista podrían impedirle hacerse residente”, añadió Leal.
De acuerdo al abogado, quienes participaron en un partido político totalitario deben esperar al menos cinco años para obtener la residencia permanente y en el caso de la ciudadanía deberá demostrar al menos 10 años de no tener vínculos con este tipo de organizaciones.
Organizaciones religiosas piden a Biden cambios en relaciones con Cuba
Unos 20 grupos religiosos con sede en Estados Unidos enviaron una carta al presidente Joe Biden la semana pasada instándolo a realizar cambios importantes en las relaciones bilaterales con Cuba, informó la publicación Baptist News Global.
Además, criticaron la inclusión de Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, opinando que esto es un factor importante en la crisis económica del país caribeño y que ha tenido un efecto en la capacidad de estas organizaciones religiosas de colaborar con grupos religiosos dentro de Cuba y de brindar ayuda humanitaria en la isla.
“Para nosotros es muy difícil mandar apoyo en forma de recursos financieros, en forma de apoyo para hacer proyectos allá en Cuba. No se puede hacer por medio de los bancos, porque Cuba está en esta lista. No se puede hacer por medio de Western Union. Es una situación muy difícil, entonces nosotros hemos tenido que llevar pocas cantidades de efectivo. En realidad, es la única manera de llevar apoyo y llevar asistencia a nuestros amigos”, declaró Jason Smith, Director Ejecutivo de Bautistas por la Paz, uno de los grupos que se unió a la misiva.
En entrevista con Martí Noticias, señaló que otra dificultad que enfrentan estos grupos de fe es que los pastores cubanos que colaboran con Bautistas por la Paz y otras organizaciones no pueden viajar a Estados Unidos para participar en conferencias.
“Estamos en colaboración con amigos en México, en Puerto Rico, hasta Uganda y la República de Georgia y en ninguna de esas situaciones está tan difícil como Cuba, que solo queda a 90 millas, a 150 kilómetros de los Estados Unidos”, opinó Smith.
Además de Bautistas por la Paz, la carta fue firmada por el Consejo Nacional de Iglesias, el Servicio Mundial de Iglesias, Pax Christi USA, la Iglesia Episcopal, la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.), la Iglesia Unida de Cristo, la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), Iglesia Metodista Unida, Comité Central Menonita de EE. UU., Comité de Amigos de la Legislación Nacional, Iglesia Evangélica Luterana en América e Iglesia de los Hermanos, la Alianza de Bautistas y Sociedades Misioneras Bautistas Americanas.
En la carta enviada a Biden también piden al presidente que tome medidas adicionales destinadas a aliviar la crisis económica en Cuba y opinan que el embargo contra el gobierno cubano es moralmente inaceptable y va en contra de los derechos humanos.
“No estamos en solidaridad con el gobierno de los Estados Unidos, ni con el gobierno de Cuba. Estamos en solidaridad con el pueblo cubano”, subrayó Smith.
Aunque La Habana insiste en que el embargo es la principal razón de la crisis económica, las importaciones desde Estados Unidos han mantenido una tendencia al alza en los últimos años. Sólo en alimentos y productos agrícolas, Cuba alcanzó en 2023 los 342.6 millones de dólares, según estadísticas del Departamento de Agricultura.
La Administración del presidente Biden ha señalado anteriormente que el embargo permite las exportaciones de productos médicos estadounidenses, así como de otros artículos de apoyo a la ciudadanía cubana.
El 12 de enero de 2021, Estados Unidos designó a Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo tras determinar “que brindó apoyo reiteradamente a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a terroristas”.
Este miércoles, el Departamento de Estado de Estados Unidos retiró a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, según conoció Martí Noticias.
Un documento enviado a miembros del Congreso y al que Martí Noticias tuvo acceso, dice que el Departamento de Estado ha determinado que las circunstancias para la certificación de Cuba como País que No Coopera Plenamente con los Esfuerzos Antiterroristas (Not Fully Cooperating Country, NFCC) han cambiado de 2022 a 2023 y que, por consiguiente, la cancillería no designa a la isla como tal para el año calendario 2023, según la Sección 40A de la Ley de Control de Exportaciones de Armas.
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